Historia del CGPJ
(parte de la voladura del Estado de derecho a manos del PSOE)
La CE de 1978 trajo la novedad, el gran avance en el Estado de derecho, la independencia judicial, y la separación de poderes de sacar el gobierno de los jueces del Ministerio del Justicia, e instituye el CGPJ. El PSOE nunca quiso ni quiere la separación de poderes ni la independencia judicial. Así lo dijo Alfonso Guerra y lo evidencia Sánchez, quien, como Podemos, cree que ganar las elecciones da derecho a copar todas las instituciones, especialmente las de control. Lo demuestran sus actos de estas décadas:
En 1985, eliminan el recurso previo de inconstitucionalidad: para Leyes orgánicas y para los Estatutos de autonomías (las consecuencias serán funestas. Rajoy lo recupera solo para los estatutos, en 2015).
En 1985 reforma la LOPJ. Ya los 12 magistrados no son elegidos POR los jueces, sino ENTRE los jueces; se suman así a los 8 que elegían el Congreso y Senado: ahora todos los vocales del CGPJ los eligen los políticos.
En 2001, tras años de polémica y lucha por la independencia judicial, un Pacto entre PP y PSOE trae una reforma de la LOPJ por la que las asociaciones judiciales PROPONEN candidatos. Pero no los eligen. Siguen siendo los políticos. El espíritu contra la independencia judicial de la reforma del PSOE del 85 sigue en pie.
Este acuerdo para repartirse los nombramientos sigue en pie hasta que aparece un peligro nuevo y decisivo: PODEMOS, un partido antisistema, y los partidos independentistas, que intentan de facto la sedición en 2017.
Además, la Comisión Europea, desde 2020, insiste en que los jueces elijan a los jueces y que se desbloquee el Consejo, y recuerda que el GRECO requiere que la mitad de los miembros de del CGPJ los elijan los jueces.El GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), del Consejo de Europa (que no es la UE), muestra su grave preocupación de forma reiterada por la deriva y politización de nuestro Poder Judicial, desde 2013, hasta hace pocos días.
El PP, no obstante, intenta un pacto con el PSOE, con la promesa de reformas futuras. Descubre que el PSOE pretende, en realidad, usarlo de coartada para llevar adelante un plan al servicio de un «referéndum consultivo» que complazca al independentismo: incluye, tras los indultos de los golpistas, derogar la sedición y reformar la malversación en el Código Penal.
El PP se planta, denuncia lo que ocurre y se bloquea la renovación.
En los últimos meses de 2022, el PSOE hace tres reformas de la LOPJ para forzar a los jueces y a la oposición:
1ª. Por la que quita al CGPJ en funciones la facultad de hacer nombramientos.
2ª. Por la que le devuelve la facultad de nombrar a los magistrados del TC. Al ver que no admiten a sus candidatos (los favorables a ese referéndum consultivo), hacen la
3ª. Por la que dan un triple mazazo a la independencia judicial:
Rebajan la mayoría de 3/5 de los vocales para elegir a los del TC: ahora basta que tengan más votos, con lo que se aseguran que su bloque sacará al suyo (en este caso, Bandrés)
Eliminan así el «control de idoneidad»: que los candidatos se consideren aptos, independientemente de su color político.
Llegan a amenazar con penas de prisión a los jueces que no se avengan a la voluntad del Ejecutivo.
El largo bloqueo del CGPJ se podría haber resuelto de haber tenido Sánchez mínima voluntad de cumplir lo que manda la EU, el espíritu de la Constitución y la lealtad al Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia judicial. Pero siempre tuvo claro su plan, a quiénes servía y su afán de politización de la Justicia. Mientras amenaza, margina y puentea a la oposición, la opinión pública y a las asociaciones judiciales, hace caso omiso de la UE, pero quiere contentar a los que nunca se van a contentar, porque buscan y así lo declaran desde hace décadas: romper España, declarar la independencia, privar de sus derechos a los españoles residentes en esas regiones, instaurar regímenes totalitarios, e intentar anexionarse otras porciones del resto de España y de Francia.
Cada vez que el PP se ha avenido a pactar instituciones esenciales con el PSOE o Podemos, sin tener como objetivo una verdadera renovación de las instituciones (sirvan TVE o Telemadrid de ejemplo), se destruyen las instituciones mismas, y el PP lo pierde todo.
Antonio Castillo Algarra